El fiscal federal Federico Delgado investiga “la presunta comercialización de títulos secundarios falsos que estarían llevando a cabo dos empleados de la Dirección General de Administración de Infracciones del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que encabeza Guillermo Montenegro.

En ese contexto, le pidió al juez federal Julián Ercolini una serie de medidas de prueba para determinar, en principio, la competencia de ese fuero de excepción si hubiese “intervención de autoridades nacionales en la legalización de dicho título” ya que, en caso contrario, correspondería que investigue la justicia ordinaria.

Se investiga la posible venta de títulos secundarios falsificados “a fin de que las personas que no cuentan con ese requisito -excluyente por cierto- se puedan presentar en el proceso de selección de personal iniciado para cubrir noventa puestos de trabajo de planta permanente que ofrece esa Dirección gubernamental”.

Marcelo D’Alessandro, Director General del área, denunció que “en el marco de un proceso de selección de personal para cubrir cargos vacantes de auxiliares administrativos de atención al público, se presentó Sebastián Alfredo Peralta, quien habría acompañado un título secundario falso del Instituto Madre de Dios de La Matanza, provincia de Buenos Aires”.

“Al momento de ratificar su denuncia, D’Alessandro agregó que Mónica Perotto, Sebastián Durán y otras personas que trabajan en ese sector, hasta ahora no individualizadas, habían ofrecido a la empleada Alicia López la confección de un título secundario falso para que su hijo también pueda postularse para ocupar los cargos ofrecidos”, reseñó Delgado.

La investigación está en pleno trámite, pero todo parecería indicar que quedará trabada por cuestiones de `competencia´.