Un subinspector de la Policía Federal fue enviado a juicio oral y público acusado de encubrir las actividades del prostíbulo “La Casona de Flores”, situado en un predio en el que dijo que funcionaba “una casa de familia”.

El fiscal federal Federico Delgado pidió la elevación a juicio contra el efectivo, quien el 2 de julio de 2009, “en su calidad de Subinspector de la Comisaría 38ª de la Policía Federal, declaró bajo juramento de decir verdad que en el domicilio ubicado en la calle Fray Cayetano Rodríguez 20 de esta ciudad se emplazaba una casa de familia, a pesar de conocer que en verdad allí funcionaba una casa de tolerancia o prostíbulo”.

La investigación se había iniciado a raíz de “un llamado telefónico anónimo recibido en el número 911 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante el que se comunicó que en el domicilio de mención se encontraba secuestrada una mujer que era obligada a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad”.

El juzgado federal número dos le encomendó subinspector acusado, constatar la dirección y las actividades que allí se desarrollaban, a lo que el policía respondió escuetamente “que el lugar existe y se trataría de una casa de familia”.

El fiscal no se conformó con la respuesta, y el 11 de agosto pidió a la Comisaría 38 “que averigüe la identidad de las personas que ocupaban ese domicilio y también sus movimientos”, pero ello no ocurrió sino hasta 15 días más tarde.

“El día 26 se informó desde esa comisaría que dicha orden nunca fue recibida y, por tal motivo, la constatación se hizo recién en esta fecha, ocasión en la que sólo se identificó a las personas que se encontraban en el lugar”, explicó el fiscal, en el requerimiento de elevación a la etapa de debate.

Finalmente, y con la intervención de la Gendarmería Nacional y la fiscalía contra la trata de personas (UFASE), se constató que “el lugar es conocido como “La Casona de Flores” donde se ofrecen servicios sexuales”.

El fiscal acusó al policía de haber “mentido sobre la actividad que se desarrollaba en el lugar”, aún cuando “la situación era conocida de antemano por el imputado, lo cual surge de su propia declaración indagatoria” y, además “prestaba funciones en la Comisaría 38ª desde 2008 y tenía certero conocimiento sobre lo que ocurría en el lugar”.

Delgado pidió el juicio oral por los delitos de “encubrimiento -agravado por su calidad de funcionario público- y falsedad ideológica”, figuras que contemplan penas que llegan hasta los seis años de cárcel.