El ministro de Salud de Córdoba, Francisco Fortuna, presentó en la Legislatura provincial la reglamentación de la Ley de Muerte Digna, que había sido sancionada por unanimidad hace dos años pero que no podía entrar en vigencia.

La ley reconoce el derecho de las personas a negarse en forma anticipada a ser sometidas a tratamientos médicos que pretendan “prolongar de manera indigna su vida”.

“La reglamentación busca hacer operativa la ley y es el fruto del trabajo de una comisión formada por profesionales de la salud, de la abogacía y de la enfermería, que elaboró un anteproyecto de decreto, que el gobernador convalidó”, aseguró Fortuna.

La ley tiene por objeto establecer, regular y garantizar el derecho de cualquier persona (cuando se encuentra con plena capacidad de obrar) a decidir en forma anticipada su voluntad respecto a la negativa de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico que pretendan prolongar de manera indigna su vida.

La reglamentación prevé la conformación de “un comité de siete miembros, formado por médicos, abogados y un ciudadano lego, para tratar los casos que generen controversias o dificultades en torno a la aplicación de la ley”, dijo Fortuna.