El Gobierno nacional declaró la Emergencia en Seguridad Pública por un año en todo el territorio argentino con el objetivo de revertir la situación de peligro colectivo originada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.

El Ejecutivo nacional dispuso que se declare por un año la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio nacional, con la posibilidad de que la misma pueda ser prorrogada al término de los 365 días de plazo que establece la medida.

El decreto presidencial especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal), o con una asociación ilícita terrorista, entre otros.

El Gobierno nacional, además, dejará a cargo de los Ministerios de Seguridad, de Defensa y de Transporte la tarea de reforzar los mecanismos de seguridad en todos los medios de transporte aéreos, concediendo la adquisición del material indispensable para incrementar la vigilancia de la frontera fluvial, los puertos y los espacios marítimos de jurisdicción nacional.

Por otra parte se creará el “Gabinete de Seguridad Humana”, que tendrá como objetivo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la Emergencia declarada.

La medida gubernamental también autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria, que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias. Además, el Ministerio de Seguridad propondrá al Poder Judicial celebrar un convenio con el fin de interconectar el sistema información de la Justicia Nacional con el Sistema Federal de Comunicación Policiales, y tendrá que establecer con la Administración Federal de Ingresos Públicos los estándares y la normativa de seguridad de las zonas primarias aduaneras.

Otro punto de la norma contempla la creación del “Operativo Fronteras”, que reemplaza al “Escudo Norte” con carácter permanente, y se adopta en forma inmediata las medidas para dotar de dispositivos materiales, técnicos y tecnológicos a la Zona de Frontera, que incluye una radarización para el “eficiente control” fronterizo. También dispone el levantamiento del Secreto Militar de las reglas de Empeñamiento para la Defensa Aeroespacial que había sido establecido por el decreto 2415 del año 2014.

Por último, el Decreto establece la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino.

“Serán declaradas hostiles aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para perturbar, poner en riesgo o causar un daño en el territorio nacional”, se dispuso.