Los legisladores Liliana Montero (Córdoba Podemos), Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) y Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba) se presentaron ante el fiscal Gustavo Dalma para solicitarle ser partes en la querella por la causa del Hotel Ansenuza, cuyos gastos excedieron largamente lo presupuestado.

La Provincia había calculado a fines de 2013 un gasto de 50 millones para el hotel, y un año después ya se habían erogado 60 millones y el costo total se elevaba a 135 millones, de acuerdo con el plan de obras 2015.

“Lo que comenzó con un presupuesto de 50 millones le terminó costando a los cordobeses, casi siete veces más de lo presupuestado inicialmente”, señalaron.

Los legisladores manifestaron al fiscal que “la gravedad institucional de lo descripto en la presente causa en la que se investigan delitos vinculados con la corrupción en la administración pública, son cuestiones que exceden el mero interés individual, afectando de modo directo el interés general de la comunidad”.

“Por tales motivos -remataron-, nosotros como representantes del pueblo, elegidos de forma democrática y directa por nuestra sociedad, y con facultades de control conferidas por la propia constitución de la provincia (arts. 101, 102 in fine) es que nos consideramos legitimados para solicitar dicha pretensión”.

Para ellos, como existe un interés natural en la sociedad de que se haga justicia, consideran que su participación en la causa, va a aportar dinamismo y claridad en el proceso de investigación.

Los legisladores recalcaron que el objetivo de su intervención es cumplir con sus facultades de control al órgano estatal, aportando pruebas y reforzando el interés general de la justicia.