La Asociación de Magistrados difundió un comunicado en el que expresó su posición respecto al debate retomado la semana pasada por la diputada nacional Elisa Carrió sobre si los funcionarios judiciales deberían hacer públicas sus declaraciones juradas patrimoniales.

“Independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime `ideal´ en materia de publicidad, resulta imprescindible que determinados datos o aspectos que posean entidad suficiente para comprometer la seguridad personal de quienes integramos este poder del Estado y nuestras familias, se encuentren garantizados con un régimen que exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso para acceder a dicha información”, comienza el escrito difundido por la asociación que nuclea a los jueces.

Además agrega que “no debe perderse de vista que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política”.

Por otra parte señalan que “en el mismo sentido, resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que so pretexto de publicidad y transparencia se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o Departamento del Gobierno Federal distinto del que integramos”.