El fiscal federal porteño, Juan Pedro Zoni, acusó en marzo pasado a un grupo de personas, en su mayoría de nacionalidad boliviana, de “haber conformado una organización criminal estable, prolongada y permanente en el tiempo, por lo menos desde el 16 de diciembre del año 2015 hasta el día en que se los detuviera”, que operaba “en la zona de Liniers de la Ciudad de Buenos Aires, como así también en las localidades de Ciudadela, Villa Celina, y Merlo de la Provincia de Buenos Aires”.

La organización conseguía “ingresar ilegalmente al país, proveniente de la República de Bolivia, las sustancias utilizadas para la prácticas abortivas,-denominándolas como ‘chocolates’ o ‘ganchos’- en numerosas escuchas telefónicas”.

“La realización de las prácticas abortivas eran llevadas a cabo por diferentes miembros de la organización en diversos domicilios, los que rotaban constantemente, en razón de la logística de la estructura delictiva que denotaba una concreta división de tareas en procura de beneficiarse económicamente con las practicas realizadas, evitando así ser alcanzados por la autoridad”, añade la imputación.

Mediante el reparto de volantes en la vía pública, la organización captaba a sus “clientes”, con quienes “pactaban encuentros en las inmediaciones de la terminal de colectivos de Liniers o Álvarez o bien en el interior de Shopping de Liniers”.

Una de las prácticas abortivas le habría provocado a una mujer “un cuadro de sepsis que desembocó en su muerte por ‘shock a foco ginecológico, disfunción multiorgánica, aborto séptico, congestión, edema y hemorragia pulmonar’ en el hospital Santojani”.

La causa recayó originariamente en el tribunal oral federal número cuatro de la Ciudad de Buenos Aires, pero como parte de los delitos investigados ocurrieron en territorio bonaerense, se declaró incompetente y lo envió al tribunal oral federal número cuatro, pero de San Martín.

Los jueces Marcelo Díaz Cabral y Alejandro De Korvez rechazaron la competencia, por lo que el expediente pasó a la Cámara Federal de Casación para que defina qué tribunal deberá realizar el demorado juicio.