El secretario general del gremio, Walter Bernard, señaló que “la ley 1198 es la que establece el pago de títulos primarios, secundarios, terciarios y universitarios a todo el personal que presta servicio en la administración pública, los tres poderes del Estado”.

“El ser juez no es un título, es un cargo; médicos, ingenieros o contadores, tienen tanto o más estudios que los abogados, ya que se capacitan constantemente por el avance de la ciencia y la tecnología y por la responsabilidad de sus decisiones”, agregó.

El sindicalista consideró que “el manoseo de la ley 2471, realizado por el Poder Ejecutivo, abre la puerta y la ventana para que todos los profesionales que prestan servicios en la administración pública inicien reclamos administrativos y judiciales”.

“Los miembros del Superior Tribunal de Justicia convalidan el decreto 492/18 porque, fundamentan, tienen la limitación de ejercer el título, y una dedicación exclusiva y excluyente”.

Para el gremio, son los mismos argumentos que tiene la Bonificación por Incompatibilidad, que otorga el decreto 556/18, “por lo que se debería utilizar este adicional con un 30 por ciento para todo el personal judicial, o directamente llevarlo al básico, pero siguiendo la estructura de cargos detallada en la ley 2895”, consideró Bernard. De esta manera, el incremento llegaría a todos los trabajadores del sistema judicial.