El delito que se investiga es un fraude contra el Estado nacional, por una serie de maniobras en las operaciones que hicieron en 2013 y 2014 con el destacamento de Barreal de Gendarmería y el Centro de Formación Félix Manifior.

La sospecha es que, en algunos casos, “inflaban” los precios de los insumos que vendían y que en otros, facturaron por mercadería que nunca entregaron. Por esta investigación, y para ponerse a disposición de la Justicia, Amín pidió su propio desafuero en diciembre del año pasado, pero la Cámara se lo negó. Sin embargo, el 19 de abril fue suspendido.

La investigación comenzó en 2014 por una denuncia que hizo la delegación cordobesa de Gendarmería. Tras una serie de pericias realizadas por un contador, se corroboró que hubo ventas a precios siderales y que se facturó mercadería que nunca se entregó. Por ello, el fiscal Maldonado imputó a Amín y a otros involucrados.

En su última aparición pública, Amín sostuvo que “uno siente que quedó entrampado en un sistema judicial, que pagó carísimo, y en los tiempos del caso hubo condimento político, y algunos sectores del departamento festejaron. La semana pasada hablé con el Gobernador y el intendente, acordamos esto y lo estoy cumpliendo”, había señalado.