Por mayoría, los legisladores solicitaron al Gobierno nacional la derogación de esa resolución que compensa económicamente a las prestatarias “como consecuencia de la variación de costos, sobre servicios que ya han sido facturados y abonados por los usuarios, violando el efecto cancelatorio propio del pago de una deuda”.

“Es decir -amplían- que una vez que se efectúa el pago de la factura equivalente a los consumos de esos períodos se extingue cualquier tipo de obligación entre las partes, para este caso, las empresas distribuidoras y los usuarios”.

El proyecto de declaración fue presentado por el diputado provincial Adrián López, quien al fundamentarlo expresó que la resolución es una “medida arbitraria” de la Nación.

Además, señaló que la medida se suma al incremento en el servicio de gas de entre el 30 y el 50 por ciento que comenzó a regir el 1 de octubre.

“La resolución -dijo- no debe ni puede ser aplicada ya que va en detrimento del bolsillo de los usuarios residenciales y resulta nada más beneficioso a los sectores empresarios, y ningún país se sustenta con el bienestar asegurado de unos pocos por sobre el perjuicio de todos los demás”.