Urribarri señala en su proyecto que tiene “como objetivo institucionalizar dentro del ámbito del Poder Legislativo el abordaje de la discusión pública que se ha suscitado sobre las contrataciones que los señores senadores y diputados realizan con su cuerpo de colaboradores a los fines de poder efectuar y enriquecer la tarea legislativa”.

“A su vez -continuó en los fundamentos-, dado que el tema se encuentra judicializado, desde la Legislatura provincial, pretendemos también concretar un trabajo de control y seguimiento de esta temática. Cada poder del Estado es independiente y debe ser capaz de dar cuenta de su accionar de cara a la sociedad a través de sus propios mecanismos”.

“La creación de la Comisión Bicameral supone que ésta pueda acceder a toda la información necesaria para realizar un profundo estudio y análisis de las contrataciones, y una vez culminada esa labor, se ocupe de dar a conocer a la sociedad y en su caso, al Poder Judicial, el estado de la auditoría realizada”, agregó.

Uno de los puntos más polémicos es el que establece que la “lógica de funcionamiento propia de la Legislatura, cabe mencionar que su quehacer diario supone modalidades de trabajo diferentes a las de otros organismos públicos, de modo tal que no siempre se vinculan a la concurrencia periódica a una estación de trabajo en un horario fijo”.