El legislador José Grazzini (Frente para la Victoria), autor de uno de los proyectos, señaló que “la normativa a la que se propone adherir establece que todas las personas que sean alcanzadas por la misma deban realizar capacitaciones en el modo y forma que establezcan los organismos en los que desempeñen funciones, y que estas deben ser certificadas por el Instituto Nacional de las Mujeres”.

En tanto Florencia Papaiani, la otra autora, apuntó que “la norma que se pretende adherir prevé expresamente la realización de capacitaciones sobre la temática en el modo y forma que establezcan los diversos organismos en los que desempeñan sus funciones los empleados públicos”. “A tal fin -agregó-, las máximas autoridades de los organismos, con la colaboración de sus áreas, programas u oficinas de género si estuvieren en funcionamiento, y las organizaciones sindicales correspondientes, serán responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que comenzarán a impartirse dentro del año de la entrada en vigencia de la presente ley”.

La diputada advirtió que la ley crea “una sanción específica al empleado público en forma asistemática a los respectivos regímenes disciplinarios vigentes, por lo cual se entiende que la misma se podrá aplicar con la normativa vigente en el caso de ser posible conforme la normativa laboral aplicada a cada sector del Estado Provincial”.