El tribunal de alzada resolvió así un conflicto de competencia con su colega, el juez federal número siete Sebastián Casanello, quien había rechazado un planteo del fiscal Carlos Stornelli para que el expediente se acumulara a una causa que lleva adelante Ercolini.

En la Cooperativa, según se desprende de la investigación inicial, se realizó la “operatoria de descuento de cheques con las empresas Austral Construcciones S.A. y Gotti S.A., que les habría permitido a los directivos de esas firmas canjear por efectivo los valores recibidos como consecuencia de su participación en la obra pública, impidiendo la trazabilidad de los fondos”.

La resolución de la Cámara indica que “se verifica la alegada conexidad entre los legajos en cuestión”, puesto que en un expediente “se ventilan irregularidades detectadas en el funcionamiento de la Cooperativa” y  en la otra, “la existencia de una asociación ilícita emplazada entre los años 2003 a 2015, en cuyo marco los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, conjuntamente con funcionarios de distintas reparticiones del Estado y un reducido número de empresarios amigos se habrían dedicado de manera sistemática a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.

“Dentro de los diferentes hechos que la organización enunciada habría cometido se destacó en particular una maniobra criminal implementada entre los años 2005 y 2009, por medio de la cual se llevó adelante un mecanismo de reciclaje de una parte importante de ese dinero a través de la ficción de costos inexistentes, con el fin de otorgar a dichos fondos apariencia de licitud, distanciándolo de su origen delictivo en la defraudación al Estado Nacional”, resumieron los camaristas.