Por medio del Decreto 426/2022 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional estableció que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza, medida que regirá hasta el 31 de diciembre de 2023.

En concreto, la prohibición comprende, entre otras, a las designaciones a término en las plantas transitorias; a las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y de trabajo eventual; a las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos; a las designaciones transitorias en cargos simples de la planta permanente; y a las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad previstas en estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

Asimismo, se instruyó a los representantes del Estado que integran órganos de decisión de las empresas, sociedades y organizaciones empresariales donde el Estado tiene participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y de los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, a adoptar medidas similares a las contempladas.

La medida, además, aclara que la Jefatura de Gabinete podrá autorizar excepcionalmente el ingreso al Sector Público Nacional para cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones; a la vez que también podrá dictar las normas complementarias y aclaratorias que fueran necesarias para su mejor aplicación y podrá delegar las facultades asignadas.

Por otro lado, se indicó que no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto las tramitaciones de designaciones y contrataciones de personal que se hubieren iniciado con anterioridad al 11 de Julio de 2022 y aún no estuvieran concluidas.

“Resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal, particularmente en lo que refiere a los regímenes de contratación del mismo que presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional”, se argumentó entre los considerandos de la norma que lleva las firmas del Presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y de la titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis.