Dicha norma, señalaron desde la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), suspende hasta fin de año la aplicación de los certificados de no percepción por parte de la Dirección Nacional de Aduanas, lo que implicará el cobro de percepciones de IVA e Impuestos a las Ganancias sobre operaciones que hasta ahora estaban excluidas por tener los contribuyentes en cuestión saldos a su favor en dichos tributos.

La medida -advirtieron- abarca a casi la totalidad de los importadores que habían tramitado y obtenido los certificados mencionados, dado que solo se excluyen a micro o pequeñas empresas, a las operaciones por cuenta y orden del Estado, y a aquellas exentas de impuestos nacionales por la ley de Presupuesto 2023.

“El costo en términos de desvalorización de las sumas que sean percibidas por el fisco hasta la oportunidad de su cómputo -tanto considerando los guarismos inflacionarios actuales o las tasas de interés de mercado- implica que buena parte de la actividad importadora de nuestro país sufrirá de facto un incremento sustancial en la ya muy elevada presión fiscal que soporta”, analizaron desde la entidad.

Por tales motivos, a los que se le suman otras tantas dificultades que el país arrastra desde hace tiempo, consideraron que la norma daña “severamente” a numerosas empresas, particularmente a las pymes, e impactan de manera adversa en los niveles de actividad y empleo.

“Vale agregar que, amén de causar el perjuicio económico y financiero señalado, la norma mencionada podría vulnerar derechos de rango constitucional como lo son los de propiedad, capacidad contributiva y garantía innominada de razonabilidad. Por todo lo expuesto, así como por la lesión a la seguridad jurídica que implica, la CAC aboga por una pronta derogación de la Resolución en cuestión”, completaron.