Tras la embestida del Gobierno nacional contra la Corte Suprema de Justicia luego de que ésta resolviera suspender temporalmente las elecciones en Tucumán y en San Juan al hacer lugar a unas cautelares presentadas en esas provincias, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) consideraron que la resolución del Máximo Tribunal vinculada a la interpretación de cláusulas constitucionales de origen provincial, debiera inscribirse en el libre acceso a un pronunciamiento judicial que demandan los ciudadanos.

Sin embargo, apuntaron que la administración nacional, encabezada por el Presidente de la Nación, ha “denostado” el fallo, “fustigando” a quienes lo emitieron y “destratando” a quienes integran el más alto Tribunal de Justicia del país.

“Resulta flagrante la intromisión del Poder Político en las funciones del Poder Judicial, violentando su independencia y con ello ensuciando y poniendo en duda la integridad de quienes componen la Corte Suprema, ello quiebra el sistema de control e independencia del Poder Judicial, dejando indefensa a la ciudadanía. Las decisiones judiciales, se tramitan y juzgan dentro del propio sistema, y los demás poderes de la República deben velar por su independencia, respetando y no presionando o denostando su funcionamiento”, expresaron desde la entidad por medio de un comunicado.

Por otro lado, lamentaron que frente a la “gravísima” crisis económica y social que enfrenta la República, el Gobierno eluda toda referencia a ello y confunda a la sociedad “fustigando” una resolución judicial que tendrá las instancias necesarias para ser respondida.

“Desde CRA sostenemos firmemente el acceso a la Justicia de quienes se consideren con derecho a hacerlo y exigimos que las respuestas judiciales, libres e independientes, sean respetadas, única garantía que tiene la sociedad de vivir en democracia y bajo los conceptos constitucionales de integrar una República. Sobran las tareas para el Ejecutivo y debiera responder por ellas, dejando al Poder Judicial hacer su tarea. Argentina necesita más República y menos discursos agraviantes, el respeto y marco de la Constitución Nacional es insoslayable para la existencia de un Estado de derecho”, completaron.