La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación le solicitó a la Justicia federal que inicie una investigación penal de forma “urgente” sobre el accionar de las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy en el marco de los incidentes con un grupo de manifestantes, quienes produjeron destrozos en la Legislatura y sus alrededores.
La presentación, de acuerdo a lo especificado, incluyó testimonios y pruebas sobre “prácticas violatorias de los derechos humanos” por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en ese territorio.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que -más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, se consignó en la presentación.
El escrito también menciona que el propio gobernador Gerardo Morales publicó en sus redes sociales los antecedentes judiciales de supuestos manifestantes, información que sólo debería manejar el Poder Judicial.
La denuncia, además, se suma al habeas corpus presentado ante la Justicia local por la Secretaría para, de acuerdo a lo expresado, “frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta”.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Gerardo Morales a iniciar una instancia de mediación.