El proyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Chaco pretende que las fiscalías funcionen en Resistencia y Sáenz Peña.

Las facultades de los fiscales comprendería la promoción de actuación de la Justicia frente a hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública, la actuación por denuncia o de oficio ante la noticia o sospecha de la comisión de un delito cometido por un funcionario o un agente dependiente de la administración pública provincial y la investigación en casos de sospechas razonablemente fundadas, la irregularidad de aportes que el Estado realice, a través de cualquier de sus dependencias, a toda institución o asociación, y que tenga esos aportes como su principal fuente de ingresos.

La legisladora radical Andrea Canteros Reiser explicó que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.

“Todo acto realizado por un funcionario público o por un agente dependiente de la administración pública provincial, en beneficio propio o de terceros, que importe el menoscabo de un bien público”, agregó.