“La medida que vamos a iniciar mañana -29 de noviembre- tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias de la misma. Hace años demandamos que se garantice la estabilidad de todos los trabajadores del organismo. No hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste en el SENASA, ya que el mismo se autofinancia y además le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022”, manifestó al respecto el Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, quien agregó que este es el inicio de un “plan de acción” que va a tener continuidad por otros organismos, y que además no descartan llegar a la huelga general si, como se anticipa, la primera variable de ajuste del próximo Gobierno serán los estatales.

Desde ATE, cabe señalar, argumentaron que accedieron a información que confirmaría la intención de despidos en organismos públicos. “Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados bajo la modalidad FUNVET, quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios”, advirtieron.