La CTA Autónoma, la CTA-T y la CGT presentaron de manera conjunta un recurso formal ante el Director General de la Organización Internacional del Trabajo por la implementación del “Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público ante el Corte de Vías de circulación” que desde el Gobierno nacional advirtieron que pondrán en marcha en el caso de producirse cortes de calles durante las movilizaciones.

En el documento, la centrales sindicales denunciaron que “la nueva reglamentación de la protesta social soslaya claramente derechos y garantías constitucionales básicos así como también las instituciones democráticas de nuestro país” y, en ese sentido, recordaron que el nuevo Protocolo autoriza a todas las fuerzas federales a intervenir frente a impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías de circulación.

El escrito también afirma que el intento de recorte de los derechos y garantías constitucionales del Ejecutivo se dan en el marco de “un plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado que generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que venía sufriendo la  Argentina y que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de las y los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados”.

Por tales motivos -añade- se da por sentado una previsible reacción de los sectores afectados, lo cual colocaría a “millones de argentinos y argentinas en una  situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”.

Asimismo y frente a este cuadro, el documento del movimiento obrero señala que el Protocolo es una reglamentación “abusiva”, tendiente a desnaturalizar derechos constitucionales reconocidos a su vez por normas internacionales fundamentales a las que el país ratifico, y que además “contradice” las recomendaciones de los órganos de control de la OIT así como también pronunciamientos jurisdiccionales internacionales en materia de libertad sindical, derecho de huelga incluido el derecho de protesta y manifestación.

De la misma manera, apunta que “este intento de escala represiva” y de “vulneración de derechos civiles”, es contrario a normas internacionales vigentes y subscriptas por la Argentina.

“El movimiento sindical argentino llama a la atención urgente del Director General de la OIT sobre los recientes acontecimientos que afectan a los y las  trabajadores de la República Argentina y solicita que la presente denuncia se envié con carácter de extrema urgencia a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones para  su tratamiento, a la mayor brevedad”, completaron las centrales obreras.