Por medio de la Resolución 51/2024 publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio de la Nación oficializó la derogación de 69 normas que -afirmaron- “obstaculizaban” las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado.

En esa línea, señalaron que se trabajó en el relevamiento de las normas de cada área a su cargo con el objetivo de desburocratizar la gestión, así como también simplificar el flujo de información desde la sociedad hacia el Estado, eliminar superposiciones y reiteraciones que se detectaron en las normas, y promover las adecuaciones necesarias, a partir de la derogación de leyes como la de abastecimiento, de góndolas y del observatorio de precios.

En efecto, se encuentra alcanzado por las derogaciones el SiFIRE, un sistema que establecía la obligación de informar etiquetas y rótulos de nuevos productos; y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades vendidas de bienes finales e intermedios instaurado durante el gobierno anterior.

De la misma manera, también se dispuso derogar normativas complementarias a la Ley de Góndolas y de Abastecimiento -ya eliminadas- que establecían su supervisión y cumplimiento, a la vez que se derogaron regímenes informativos de precios máximos, Precios Cuidados, y se dispuso la derogación de toda norma complementaria del programa Precios Justos, ya que el mismo había finalizado el 8 de diciembre de 2023.

Por otro lado, se impulsó la derogación del programa de acceso de productos regionales en supermercados de grandes superficies, apuntando a que ese tipo de políticas sea impulsada por los gobiernos provinciales, y lo propio se hizo con normas vinculadas a la intervención en el proceso de información de cuotas de colegios y universidades de gestión privada; la obligación a frigoríficos de informar semanalmente sus precios y cantidad vendidas; y un régimen de tratamiento de sobreendeudamiento de los consumidores que violaba aspectos básicos de la Constitución Nacional de acuerdo en lo que establece el artículo 42, de usuarios y consumidores.

“El sentido de estas medidas es simplificar el comercio, desburocratizar la gestión del Estado y evitarle tanto a los ciudadanos como a las empresas perder tiempo y recursos remitiendo información que se tornaba innecesaria”, explicó el secretario de Comercio, Pablo Lavigne.