Según un informe realizado por la ex diputada nacional y actual dirigente del Frente Renovador, Fernanda Gil Lozano, más del 80 por ciento de las mujeres que reciben agresiones no denuncian esos actos.

Los datos surgen de un relevamiento elaborado por la ex diputada nacional Fernanda Gil Lozano durante el último semestre, del cual se desprende que poco menos del 20 por ciento de las mujeres víctimas de violencia de género se deciden a denunciar a sus agresores, y que sólo el 4% lo hace luego de la primera agresión.

Concretamente y según se especificó, el 81,5 por ciento (unos 9160 casos) reconocieron no haber denunciado a quienes las maltratan.

El estudio se basa en un trabajo de campo sobre un total de 11.254 casos obtenidos, a través de encuestas en la vía pública, encuentros femeninos, cuestionarios telefónicos y relevamientos de consultas médicas y psicológicas, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata, Córdoba, Posadas, Corrientes, Mendoza, Paraná, Tucumán, Salta y Jujuy, y entre los argumentos que más retraen a la víctimas al momento de pedir ayuda asoman la vergüenza, el miedo y la culpa.

“La mujer que llega a hacer una denuncia viene de sufrir un verdadero infierno durante mucho tiempo porque el pedido de ayuda no es algo que salga naturalmente. En la mayoría de los casos las mujeres tienen mucho miedo, sufren vergüenza, se sienten expuestas y culpables ante la posibilidad de denunciar a su pareja y sienten que las que están equivocadas son ellas”, explicó la dirigente de la Corriente Renovadora Progresista, quien además consideró necesario que se declare la Emergencia Nacional por violencia de género a raíz de las alarmantes cifras de mujeres que son asesinadas o sufren agresiones de este tipo en todo el país.

Por otra parte, Gil Lozano reiteró la necesidad de sancionar el proyecto que elaboró e impulsa para reeducar a los hombres violentos, el cual se trata de la creación del Programa Psicosocioeducativo Nacional destinado a modificar conductas agresivas en pos de favorecer la reinserción social y la prevención de la violencia masculina, así como su reincidencia.

“Ese proyecto promueve la modificación de la Ley 26.845 de Violencia de género y la inserción del artículo 27 BIS, para la formación del plan de trabajo destinado a proveer las medidas conducentes para brindar a los violentos, asistencia médica o psicológica, a través de los organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres”, se detalla en el comunicado difundido por la ex legisladora nacional.

Por último, pidió que se trabaje en todas estas iniciativas dado que el Gobierno nacional no demuestra actualmente estar a la altura de las circunstancias porque no hace un buen diagnóstico de lo que ocurre y, como consecuencia, tampoco actúa como corresponde.