La presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, justificó el rechazo al traspaso de los tribunales penales nacionales a la órbita de la Capital Federal, al decir que “ningún ciudadano lo está pidiendo”.

“Nunca fuimos partidarios del traspaso. Desde 1994 cuando se reformó la Constitución venimos oponiéndonos a todo tipo de traspaso porque consideramos que la Ciudad de Buenos Aires se debe ocupar de la jurisdicción y el bienestar de los ciudadanos”, función que atribuyó a “la justicia vecinal”.

La primera jueza presidenta de la AMFJN consideró que el traspaso de los juzgados penales a la Capital Federal es fruto de “una decisión política” que “podría ser inconstitucional”, aunque admitió que hay voces “que interpretan de un modo más laxo” la Carta Magna “y consideran que sí pueden hacerlo”.

Díaz Cordero reconoció que la dirigencia de la Asociación tiene “buena relación con el gobierno” e incluso su anterior presidente, el camarista en lo Civil y Comercial Federal Ricardo Recondo, “tenía una relación más cercana”.

“Estamos en contacto con ellos, pero en esto hubo voluntarismo y nos angustia mucho. Habiendo tantos problemas de la justicia para resolver se ocupan de molestarnos a nosotros”, reflexionó.

La Asociación de Magistrados había convocado a sus afiliados una reunión en el Palacio de Tribunales con cese de tareas: “queremos manifestar nuestra clara oposición a esto y la defensa de nuestros funcionarios y empleados”.

“Ningún ciudadano está pidiendo este traspaso. No va a haber ningún beneficio para los ciudadanos”, insistió la magistrada, en declaraciones a Radio Del Plata.

En ese contexto, explicó que “la justicia penal está colapsada”, pero la iniciativa de traspaso consiste en que “se van a llevar juzgados vacíos y van a dejar a los juzgados que están en la órbita nacional todo el trabajo que está pendiente”.

“Algunos ciudadanos se van a beneficiar con una justicia más rápida, mientras el resto se verá perjudicado por la demora en la resolución de sus conflictos”, subrayó.