La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) consideró que la realización de remates donde confluyan la oferta y la demanda resulta una iniciativa fundamental para lograr bajar los precios de las frutas y verduras que, según el INDEC, subieron un 64,4% y un 58%, respectivamente, durante el 2020.

En ese sentido mencionaron que un dato no menor es que la aparición del COVID-19 produjo que la demanda de productos frescos se incrementara un 20% el año pasado con la particularidad, por ejemplo, que un monte frutal demora al menos 6 años en brindar su primera cosecha.

“Como entidad que representa a las pequeñas y medianas empresas agropecuarias estamos sumamente preocupados por las altas distorsiones de precios que sufren los consumidores en alimentos básicos y saludables”, expresaron desde el sector de Economías Regionales de CAME.

De la misma manera señalaron que la ausencia de mercados concentradores transparentes hace que se genere un lugar propicio para la triangulación intra y extra-mercados, encareciendo de esta manera la mercadería de forma innecesaria sin valor agregado alguno. “Hay que terminar con la aceptación del ‘Precio Oído’ que, por décadas, fue un factor distorsivo. Esto condiciona el libre juego de la oferta y la demanda y hace que los consumidores estén expuestos a una imposición de un operador comercial”, apuntaron.

De acuerdo al último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) que elabora la entidad conducida por Gerardo Díaz Beltrán, la participación promedio del productor agropecuario en el precio final de las frutas y verduras se ubica en torno al 25% (en algunos casos no llega al 7,5%); mientras que el Estado tiene una participación del 32%, llegando al 40% si se suman los tres niveles (Nación, provincias y municipios).

“Los productores agropecuarios no somos formadores de precios. Está demostrado que la incidencia de la producción primaria en el valor final de los alimentos es mínima. Las distorsiones y los sobrecostos están en los intermediarios y en otros eslabones de la cadena”, manifestaron desde el sector, al tiempo que precisaron que “según el IPOD de enero, los precios de los productos frutihortícolas aumentaron 6,09 veces desde que salieron del campo hasta que llegaron a la góndola”.

En ese punto, CAME planteó aliviar la carga tributaria que pesa sobre los productores frutihortícolas para mejorar el margen de rentabilidad del sector y, en definitiva, aumentar la producción y el empleo genuino en la cadena de valor. “Desde CAME venimos fomentando hace años un ‘Comercio Justo’ que permita un sistema solidario y alternativo al convencional con el objetivo de aumentar la producción y mejorar la calidad de vida de todas las personas”, recordaron desde el área de Economías Regionales de la entidad.

Por otro lado mencionaron que las agrupaciones que integran la denominada “economía popular” podrían abastecer apenas el 30% del consumo de verduras del AMBA y, pese a haber sido incorporadas al Mercado Central como un operador más, no lograron conseguir mejores precios ni para el productor ni para el consumidor. “Por ello, CAME propone propiciar el encuentro de productores con consumidores para eliminar costos ocultos y fomentar precios transparentes”, sugirieron.

Por último, uno de los aspectos centrales de las propuestas de la entidad se basa en una campaña de difusión y concientización acerca del consumo de alimentos saludables de estación para evitar abusos comerciales fomentando, por ejemplo, la compra de productos frescos sustitutivos.

“Es importante, desde el Estado y el sector privado, ejecutar un control eficiente sobre los comercializadores, galpones de empaque y acopios para evitar posibles maniobras de cartelización que puedan registrarse en su mercadería”, completaron.