En la tercera sesión especial del año y con el voto de la mayoría del oficialismo, la medida también alcanza a agentes de entes autárquicos, organismos centralizados y descentralizados, empresas y sociedades del Estado, “cualquiera sea su situación de revista y lugar en que (los trabajadores) presenten servicios”.

La oposición, en tanto, cuestionó “las formas autoritarias de imponer la vacunación” y llamó a implementar “estrategias para generar conciencia en la sociedad, en las que se valorare los beneficios de la vacunación para la salud”.

Asimismo, la sanción de la ley 6.229, establece que el personal que no acredite haber recibido al menos una dosis de cualquiera de los fármacos disponible, salvo justificación por medio fehaciente e idóneo, no podrá asistir a prestar servicios en su lugar de trabajo.

Sobre ese punto se advierte que “la inasistencia será considerada injustificada y se le descontará la remuneración por día no trabajado”.

Desde el espacio del Frente de Todos se solicitó la incorporación de una resolución que establece que los trabajadores de la administración pública que se inoculen contra la COVID-19 gocen de 48 horas de inasistencia justificada, con pleno goce de haberes, una moción que fue aprobada por el cuerpo.

La legisladora de la UCR, Lourdes Navarro, respaldó la medida y sostuvo que “las vacunas que se aplican actualmente han sido todas autorizadas”, en relación a los fármacos distribuidos en el país contra la enfermedad.