Preocupante informe sobre la situación de los pueblos originarios en la Argentina

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, denunció la “exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de... Por Cuarto Intermedio

El Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, el estadounidense James Anaya, denunció la “exclusión social, inseguridad jurídica, usurpación de tierras y la miseria que viven los pueblos autóctonos en Argentina”.

El trabajo fue recopilado por el periodista y escritor argentino Juan Gasparini, de pasado montonero y radicado en Suiza desde hace muchos años. El documento sobre la situación de los indígenas “refleja la misión de visita que realizara al país a fines de 2011”.

“Las conclusiones de la visita del relator Anaya a la Argentina muestran una desprotección, discriminación y represión crónica para con sus 2 millones de indígenas, aunque las cifras oficiales alcanzan a 600.329, el 1,7% de la población actual. Se trata de una heterogeneidad de 30 pueblos oriundos de superficies que en el presente se extienden en ciertas provincias del norte y del sur, quienes todavía sufren las secuelas del exterminio que padecieran durante la colonización del siglo XIX. Sus exponentes más numerosos son los mapuches en Patagonia, y los kolla, tobas y wichí en las provincias de Jujuy, Salta, Chaco, Formosa y Santa Fe”, explicó Gasparini desde Ginebra.

La cuestión de los pueblos indígenas figura en la agenda del Examen Periódico Universal (EPU), al que se va a someter la Argentina el 22 de octubre venidero también en Ginebra, un mecanismo de control integral sobre el conjunto de los derechos humanos.

Los Relatores Especiales son expertos independientes designados por consenso, de alta capacidad técnica y estatura moral, que bregan con autonomía de su nacionalidad y de acuerdo a la libertad de conciencia individual. No cobran sueldo por el trabajo al servicio de Naciones Unidas, que solo les cubre los viáticos para asumir el mandato, cuya duración es de tres años, renovable por otros tres años una sola vez.

La Relatoría a cargo de Anaya se ocupa de defender los derechos de 370 millones de indígenas dispersos por el planeta; el 5% de la población del globo, que significan el 90% de la pluralidad cultural, y sus tierras el 80% de la biodiversidad, explica Gasparini en su documento.