Los demandantes piden la investigación por parte del Ministerio Público Fiscal sobre la existencia del delito de exacciones ilegales por destinar como “una negociación entre las autoridades gobernantes con un ex legislador de la provincia, para que el mismo realice actos conforme a la voluntad de quienes iban a suministrarle una suma millonaria de dinero público”.

De acuerdo con lo publicado por Los Andes, los abogados señalaron que “el suceso es altamente demostrativo de la ausencia, dentro del organigrama del Gobierno de la provincia de Mendoza, de controles de gestión eficaces, como igualmente de la creación y/o existencia de los anticuerpos necesarios para que los fondos públicos tengan un destino dedicado al ciudadano y no a los acuerdos mezquinos de quienes han tenido el honor de ocupar las más altas Magistraturas que tiene el Estado Provincial”.

“Acá ha sido el ex legislador Bonarrico, el que dice con quienes habría negociado ese acuerdo, que luego se ejecutaría a través del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Provincial, concediendo el dinero de manera clandestina e ilegal”, recordaron.

“Un punto muy importante se encuentra concentrado en quienes pueden disponer del dinero de los mendocinos, y acá ha sido el ex legislador Bonarrico, el que dice con quiénes habría negociado ese acuerdo, que luego se ejecutaría a través del decreto firmado por el Poder Ejecutivo Provincial, concediendo el dinero de manera clandestina e ilegal”, manifestaron los abogados.