El registro permitirá que todos los organismos de la Justicia, del Gobierno y del Poder Legislativo puedan recurrir a estos profesionales al momento de recibir a una persona sorda. Asimismo, prevé que los centros de salud cuenten con personal capacitado o intérpretes en lengua de señas para asistir a personas de esa comunidad.

Villalba explicó al diario La Voz que el proyecto “pretende que tanto los organismos ejecutivos como legislativos y judiciales instrumenten todas las acciones para tener los recursos necesarios y asistir en forma efectiva a las personas sordas. Puede ser un recurso humano presencial o tecnológico, porque puede ser por Zoom también. No necesariamente todas las áreas del Estado tienen que tener intérpretes porque sería imposible y tampoco están los recursos humanos para eso”.

Otros puntos que el proyecto de ley prevé tienen que ver con el reconocimiento de la Lengua de Señas como idioma natural de las personas sordas en Argentina, el acceso de la comunidad a la enseñanza de su lengua a través de docentes sordos capacitados para tal fin y con la incorporación de la Lengua de Señas en los programas de formación profesional de grado y postgrado, como así también en los contenidos curriculares de establecimientos educativos públicos, de gestión estatal o privada, y privados de jurisdicción provincial.