Sectores de la oposición política que gobernará San Luis a partir de diciembre y legisladores oficialistas cruzaron duras acusaciones por supuestos intentos de la gestión actual de intentar “condicionar al próximo gobierno” o presuntos “aprietes” a diputados para no dar quórum.

El proyecto para crear una nueva “Estructura Funcional de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados de la provincia” ingresó el lunes a la Legislatura local, recibió media sanción del Senado el martes, y fue aprobado el miércoles por la Cámara Baja.

Esta norma habilitó la creación de 53 nuevos cargos en el ámbito legislativo, impulsa una recategorización de empleados, asigna mayor presupuesto y avala la designación del rector de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) por cuatro años, entre otras cuestiones.

Ante ello, diputados de los bloques opositores de Unidos por San Luis, Todos Unidos, Unión Cívica Radical-Unidos por el Cambio y Sanluiseños por el Cambio, firmaron una declaración de “nulidad absoluta” que fue dirigida a la presidenta de la Cámara de Diputados, Silvia Sosa Araujo, en rechazo de la aprobación de la norma. Además, convocaron por las redes a una marcha de repudio el 31 de julio, a las 17 horas, frente al edificio del Correo Argentino de la capital sanluiseña en repudio de lo actuado.

Por su parte, los gremios que agrupan al personal legislativo celebraron la medida al considerar que se trata de “compromisos asumidos por el actual gobierno” de Alberto Rodríguez Saá con trabajadores de la Legislatura provincial.