De acuerdo a lo explicado entre los considerandos de la medida que extiende por dos años la “emergencia en materia penitenciaria”, el sistema federal aloja en la actualidad a 11.453 personas, mientras que la capacidad general establecida es de 11.361 plazas. Es decir, que el mismo se encuentra operando por sobre el límite de la capacidad general establecida en forma administrativa.

Por tal motivo, se mencionó que no se puede pasar por alto que en distintos expedientes judiciales se han fijado cupos de alojamiento de unidades penitenciarias y que, en estos casos, no fue validado el estándar establecido por la Resolución de Condiciones de Habitabilidad, con lo cual la capacidad operativa utilizable de todas las unidades penitenciarias que integran el Servicio Penitenciario Federal (SPF) es significativamente menor a la que se estableció por la resolución ministerial.

Asimismo y en relación a las 11.453 personas alojadas hoy en el SPF, se recordó que el 54,88% corresponde a personas que se encuentran condenadas, y que el 45,10% se encuentran detenidos en calidad de procesados. A la vez, esperan para su ingreso otras 4.265 personas privadas de la libertad, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 154 detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional Argentina; 212 detenidos en la Policía Federal Argentina;17 detenidos en la Policía de Seguridad Aeroportuaria; 3 detenidos en la Prefectura Naval Argentina;16 detenidos en la Policía de la Provincia de Buenos Aires; 246 detenidos en el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires;1.886 detenidos en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y1.731 detenidos en los demás Servicios Penitenciarios Provinciales.

“En otras palabras, la cantidad de plazas disponibles resulta insuficiente para satisfacer la demanda de ingreso de detenidos al sistema carcelario federal”, se expresó en la Resolución del Ministerio de Seguridad.

En otro orden, también se encomendó a la Comisión de Emergencia en Materia Penitenciaria la elaboración y estudio de propuestas de reformas u otras políticas públicas que permitan resolver la situación de emergencia que fue nuevamente prorrogada (se trata de la segunda extensión).