El Tribunal Oral Federal N°2 de Mendoza consideró al acusado como autor del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas” durante la última dictadura militar en la ciudad de San Rafael.
Se tratan de estadísticas producidas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, las cuales son el resultado del procesamiento de los datos informados periódicamente por las fiscalías federales y unidades especiales que intervienen en estos procesos en todas las jurisdicciones del territorio argentino.
De acuerdo a la actualización trimestral sobre las principales variables estadísticas relativas al proceso de “verdad y Justicia”, durante ese período fueron condenadas 1.070 personas. Además, hay 750 personas detenidas, de las cuales 565 permanecen cumpliendo arresto domiciliario.
Durante el encuentro, las partes expusieron sus posturas respecto de la producción de la prueba. Además, solicitaron que se inicie con el testimonio en formato audiovisual del desaparecido Jorge Julio López. El juicio está programado para comenzar el 30 de agosto próximo.
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad comunicó que desde la reapertura de los procesos, un total de 3.490 personas fueron investigadas. Además, indicaron que hay un total de 21 juicios en curso, y otros 73 aguardan fecha para comenzar con el debate.
La fiscalía los considera responsables de privaciones ilegitimas de libertad, tormentos, violación, homicidios y allanamientos ilegales en perjuicio de cincuenta víctimas. En la misma causa, también se solicitó cuatro años y seis meses de cárcel para un ex policía.
Bajo esa modalidad, el pasado 24 de julio se reanudaron las audiencias del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “El Vesubio”, en el cual se juzga a 6 ex miembros del Servicio Penitenciario Federal y a 2 ex militares por 50 homicidios y 370 casos de privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos.
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó, en voto dividido, la prisión domiciliaria del ex médico del Centro Clandestino de Detención que funcionó en la ESMA, Carlos Capdevila. Sobre él pesan tres condenas a 20, 15 y 10 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Tras la solicitud del fiscal general subrogante, Pablo Camuña, el Tribunal Oral Federal de esa provincia dispuso que se revoque el beneficio para el ex uniformado luego de que el sistema de monitoreo electrónico registrara múltiples violaciones a las condiciones de la prisión domiciliaria.
La Justicia comenzará a juzgar a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, quienes fueron imputados por los delitos de “homicidio” y “asociación ilícita” por la muerte del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975.