La primera semana de marzo culminará su último día hábil con los alejamientos de catorce jueces, dado que a los ocho que habían efectuado sus partidas, ahora se le sumaron otros seis. En esa línea, también hicieron efectivas sus renuncias tres vocales de Cámara.
Cuatro magistrados presentaron sus renuncias, sumándose de esta manera a los otros cuatro que habían hecho lo propio a principios de semana. De esta manera, continúa la “sangría” de funcionarios del Poder Judicial mientras se discute en el Congreso un proyecto de ley para modificar el régimen especial jubilatorio de ese sector.
Los integrantes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social; y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta analizarán la iniciativa impulsada por el Gobierno que ya obtuvo media sanción por parte de Diputados. Desde el oficialismo confían en obtener dictamen favorable para poder tratarla en el recinto la semana próxima.
El Máximo Tribunal de Justicia no hizo lugar a una medida cautelar que había sido solicitada por la Asociación de Magistrados, por lo que todos aquellos funcionarios que hayan hecho su ingreso al Poder Judicial desde enero del 2017 pagarán ese gravamen.
Dos jueces “zafaron” de sus expedientes en el Consejo de la Magistratura. Ese cuerpo creado por la reforma constitucional de 1994 archivó las causas contra el juez penal Roberto Ponce y el magistrado de tribunal oral federal Daniel Obligado.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja provincial logró avanzar en el tratamiento de una reforma que establece cambios en el mecanismo para la selección de los jueces. Entre otros aspectos, también propone la creación de un orden de mérito que limita la terna a los mejores promedios.
El Presidente asistirá a la apertura del evento que reúne a los magistrados de varios países en el marco del G20. Además -entre otras actividades- inaugurará el Metrobus Morón y presentará el Plan Integral de Conectividad desde el Museo de la Casa Rosada.
La Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la ley por la que se introduce la oralidad en los fueros civiles y comerciales, siguiendo una iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
La entidad que agrupa a los jueces de las distintas instancias pidió mesura a las figuras públicas en los cuestionamientos fuera de los carriles legales. “Un proceder contrario lejos de contribuir a la institucionalidad, la termina horadando”, consideraron.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios se pronunció luego de que el Presidente diera públicamente su opinión tras el procesamiento del policía que abatió a un delincuente en el barrio porteño de La Boca.