Así se desprende del informe anual sobre muertes en contexto de encierro elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim. Fueron 58 decesos en establecimientos federales. La cifra representa un aumento del 16 por ciento en comparación al 2019.
El Gobierno nacional resolvió extender esa medida por otros 180 días “ante la imperiosa necesidad de continuar garantizando el debido y normal funcionamiento del Servicio Penitenciario Federal”. También fue ratificada la ex magistrada María Laura Garrigós como su interventora.
Una vez más, la Cámara Federal de Casación desestimó un pedido de prisión domiciliaria del ex agente de inteligencia de la dictadura, Raúl Guglielminetti, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad.
El “ProFAPe” tendrá como objetivo realizar el diagnóstico de las necesidades de construcción, readecuación y ampliación, así como en el mantenimiento y reparación de establecimientos y unidades dependientes del Servicio Penitenciario Federal, entre otras falencias que se vayan identificando en los establecimientos carcelarios federales.
Mario Roberto Segovia, también conocido como “el rey de la efedrina”, continuará preso cumpliendo una condena que le impuso un tribunal oral federal de San Martín. Está detenido desde noviembre de 2008.
La ex magistrada, oficializada en su nueva función, sucederá en ese cargo a Emiliano Blanco. Fue fundadora de la agrupación “Justicia Legítima” y se jubiló en 2018 como jueza de Casación Penal de la Ciudad de Buenos Aires.
Mario Domingo Rulli, condenado por delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad durante la última dictadura, obtuvo la prisión domiciliaria por razones de salud, pese a que tiene menos de 70 años de edad.
Fernando Esteche y Luis D’Elía, ambos procesados por el juez Claudio Bonadio por traición a la patria, fueron separados en el penal de Marcos Paz, lugar donde permanecen alojados tras sus detenciones.
La Cámara Federal de Casación Penal condenó a cuatro años de prisión a un agente del Servicio Penitenciario Federal por lesiones gravísimas a un detenido, hecho ocurrido hace casi una década en la cárcel de la localidad bonaerense de Marcos Paz.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó el reclamo de un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por presunto “mobbing” que dijo haber sufrido en el desempeño de sus tareas.