El juez Alejandro Esmoris resolvió que la causa está “prescripta” y, en consecuencia, los imputados deben ser sobreseídos porque se violó el derecho a ser juzgados en “un plazo razonable”, ya que el hecho ocurrió el 4 de octubre de 2007.

La causa fue elevada a juicio oral en 2008 pero desde entonces y pese a que no hubo actitudes obstruccionistas por parte de los acusados, el juicio nunca se celebró.

En 2014 el tribunal decidió “convocar a juicio” y, de esa manera, interrumpió los plazos de la prescripción, pero en los tres años subsiguientes tampoco celebró el debate.

Así, la causa se cerró sin culpables y tampoco fueron recuperados los 80 mil dólares sustraídos.