Por medio de la Resolución 254/2024 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prorrogó la “emergencia en materia penitenciaria” por el término de dos años (se trata de la segunda extensión). En la actualidad, el sistema aloja a 11.453 personas, mientras que la capacidad establecida es de 11.361.
Según se desprende del informe elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional, el tercer trimestre de 2022 culminó con 11.377 personas detenidas, lo que evidencia una tendencia en crecimiento puesto que en el periodo anterior se habían registrado 11.295 detenidos en establecimientos federales.
Según un relevamiento elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional que encabeza el fiscal Andrés Heim, se contabilizaron 11.245 personas privadas de su libertad en el período comprendido entre junio y septiembre. Por otro lado, se observó que la capacidad de alojamiento de los establecimientos carcelarios registra una sobrepoblación del 2,8%.
Desde el Gobierno nacional resolvieron extender por otros 180 días la intervención del organismo, el cual fue declarado en emergencia en marzo de 2019. Asimismo, también se extendió la designación de su titular, María Laura Garrigós.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN) realizó la presentación de un nuevo reporte sobre la situación sanitaria en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de la pandemia del COVID-19, el cual abarca el bimestre abril-mayo del 2021. Además se registraron tres fallecimientos a causa de la enfermedad.
La PROCUVIN informó que el único deceso por coronavirus en establecimientos federales durante el corriente año se produjo en el complejo de Villa Devoto. Por otro lado agregó que en los primeros tres meses del 2021 se registraron 577 personas con diagnóstico positivo de la enfermedad, siendo que los mayores incrementos de los casos ocurrieron entre enero y febrero.
Así se desprende del informe anual sobre muertes en contexto de encierro elaborado por la Procuraduría de Violencia Institucional a cargo del fiscal Héctor Andrés Heim. Fueron 58 decesos en establecimientos federales. La cifra representa un aumento del 16 por ciento en comparación al 2019.
La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó el reclamo de un agente del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por presunto “mobbing” que dijo haber sufrido en el desempeño de sus tareas.
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