Legisladores nacionales por la provincia de Misiones promovieron una acción de amparo contra el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) “por haber reformado por decreto” la denominada Ley de Tierras.

Los legisladores pidieron a la jueza en lo contencioso administrativo federal, Liliana María Heiland, ante quien quedó radicada la acción de amparo que, “de inmediato”, dicte una medida cautelar que suspenda los efectos del decreto 280/16.

En la demanda para que se declare la “nulidad absoluta” de esa norma, los senadores Juan Irrazábal, Salvador Cabral y Sandra Giménez, y el diputado Daniel Di Stefano, calificaron de “inconstitucional” la modificación de la ley 26.737, porque se hizo a través de «un simple decreto reglamentario”.

Según los legisladores, el decreto 280/16 del PEN eliminó la posibilidad de que el Estado Nacional pueda controlar la composición societaria de empresas extranjeras interesadas en la compra de tierras en la Argentina.

“Ahora las empresas extranjeras compradoras de tierras pueden ocultar la identidad de sus verdaderos dueños”, por lo que “un grupo económico extranjero, puede adquirir medio territorio nacional sin que nosotros lo sepamos”, sostuvo el abogado Juan Gabriel Labaké, patrocinante de los legisladores.

Además “se antepone una norma o conveniencia del campo privado a una ley de derecho público”, expuso.

La demanda consignó que un decreto reglamentario anterior “exigía que los extranjeros que desearan comprar tierras debían tener una residencia efectiva” en el país, pero la norma presidencial actual “eliminó ese requisito”.

Agregó que “se desprotege el territorio nacional para beneficiar a un pequeño grupo de comerciantes, intermediarios y especuladores, en su mayoría extranjeros, y nada inocentes”.