De acuerdo a la iniciativa impulsada por los diputados provinciales Mariano Mansilla y Teresa Rioseco, esa restricción resulta un acto discriminatorio, con lo cual las ofertas o contratos de alquiler que incluyan esa característica serán consideradas nulas y sancionadas con multas. A la vez, propone como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo.

Por otro lado, el proyecto contempla la creación de un Registro de Infractores; la aplicación de multa pecuniaria por el valor de 15 a 25 jus; y la difusión del contenido de la ley a través de medios de difusión.

Asimismo, establece que lo que se recaude en concepto de sanciones se destinará a programas de apoyatura de la Subsecretaría de Familia que subvencionen alquileres a mujeres víctimas de violencia de género con niñas, niños y adolescentes a su cargo.

Entre los fundamentos, se menciona la crítica situación habitacional que atraviesa la provincia de Neuquén, y además se afirma que la imposición de ese tipo de restricciones “torna necesaria la intervención del Estado, en todo aquello que no esté regulado en el Código Civil y Comercial, y que se encuentre en el ámbito de su competencia”.