La ley procura “favorecer el acceso a la Justicia de los sectores vulnerables de la sociedad, mediante una asistencia jurídica integral y de calidad para aquellos ciudadanos que la requieran”, según explicó la legisladora peronista, Julieta Rinaldi.

Del mismo modo, la ley garantiza la independencia y autonomía funcional de este Ministerio, al precisar que “no se halla sujeto a instrucciones o directivas emanadas de órganos ajenos a su estructura”. Por otra parte, lo relativo a su organización, economía financiera y de recursos humanos dependerá del Tribunal Superior de Justicia.

El flamante órgano se regirá sobre principios establecidos tales como unidad de actuación, priorización del interés de la persona asistida y las reglas de confidencialidad, gratuidad, celeridad y simplicidad en su función.

La legisladora Rinaldi agregó que este nuevo Ministerio “estará encabezado por un defensor general y dos defensores adjuntos designados por el Poder Ejecutivo provincial, con acuerdo de la Legislatura”, además de ser integrado por los defensores públicos de diversos fueros.

“Fruto del trabajo en comisiones y de los aportes recibidos, se ha efectuado una modificación constitucionalmente relevante en materia de destitución del defensor general, ya que se contempla su eventual apartamiento por el procedimiento de Jurado de Enjuiciamiento”, aclaró la presidenta de la Comisión de Legislación General.