Dos legisladores kirchneristas y otra de Cambiemos presentaron un proyecto de modificación de la ley 2432 de paridad de género en Río Negro, tratando de conseguir en forma obligatoria una mayor participación de las mujeres en el recinto.
En la provincia de Mendoza, las Cámaras de Diputados y de Senadores sancionaron la ley que aprueba el permiso al Poder Ejecutivo para tomar deuda por 80 millones de dólares para realizar obras sobre la Ruta 82.
La Legislatura chaqueña no sesionó por falta de quórum a la hora en que los representantes habían sido convocados, y el vicepresidente primero a cargo de la Presidencia, Juan Bergia, se mostró estricto con la puntualidad, lo que generó una inesperada polémica en la provincia.
Santa Fe quedó al borde de incorporarse al lote de 15 provincias que ya adhirieron a la ley nacional de Riesgos del Trabajo, cuyo propósito es reducir la litigiosidad laboral.
El presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Pedro Cassani, se abstuvo de declarar en la indagatoria judicial por presunto enriquecimiento ilícito.
El legislador Javier Bee Sellares (UCR) propuso una reforma al Código Procesal de la Provincia de Córdoba para establecer un Régimen de Protección de Denunciantes, Testigos y Víctimas de los Delitos contra la Administración Pública tipificados en el Código Penal.
La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, envió a la Legislatura el proyecto de reforma de la Caja de Servicios Sociales que elimina la intervención del Poder Ejecutivo y llama a elección de integrantes del directorio. Además, la iniciativa crea un Fondo Fiduciario y un Fondo Residual de Recupero para la deuda de los municipios.
En la provincia de Mendoza, los gremios ATE y APEL (legislativos) firmaron con la vicegobernadora Laura Montero el escalafón del empleado legislativo para la Cámara de Senadores. El mismo comprende a todos los empleados de planta permanente y temporaria.
El radical Mario Decara será reelecto este miércoles como Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (iniciará su tercer mandato consecutivo) con los votos de los legisladores de su partido y del peronismo.
La Legislatura de Chaco sancionó la ley que declara la “Emergencia Social por Violencia de Género” en todo el ámbito de esa Provincia por el término de dos años, plazo que podrá prorrogarse, por igual término, si subsistieran las causas que dan origen a la declaración.