Dos acusados de represión durante la última dictadura militar obtuvieron por segunda vez un fallo favorable de la Cámara Federal porteña, que los benefició con sendas “falta de mérito”.
La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema recibió 12.457 casos el año pasado, la cifra más alta en sus once años de trabajo ininterrumpido, que involucraron a unas 16.449 personas afectadas por hechos de violencia. La mayoría de ellos fueron derivados a la Justicia civil y/o penal.
La Justicia comenzará a juzgar a Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor Ángel Forcelli y Osvaldo Omar Pallero, quienes fueron imputados por los delitos de “homicidio” y “asociación ilícita” por la muerte del dirigente estudiantil David Hover “Watu” Cilleruelo, ocurrido en el ala de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sur el 3 de abril de 1975.
La jueza Marta Cirulli dispuso la intervención plena de la compañía y el desplazamiento de los directivos hasta tanto se finalice con el proceso de salvataje de la sociedad. Las medidas fueron solicitadas por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín.
En plena discusión sobre presupuesto, salarios y jubilaciones del Poder Judicial, la Corte Suprema dispuso la contratación temporaria por tres meses de 61 fotocopiadoras, hasta tanto se resuelva una licitación de 2018 para la compra definitiva de esos elementos.
El ex represor reciclado en democracia y condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, Raúl Guglielminetti, seguirá preso en una cárcel común.
La situación judicial del ex juez federal de Corrientes, Carlos Vicente Soto Dávila, acusado de haber protegido desde su cargo a una red de narcotraficantes, aparece cada vez más complicada.
El ex secretario de Transporte había requerido ese beneficio tras acusar supuestos problemas de salud. Sin embargo y luego de un amplio informe médico, psicológico y psiquiátrico, se concluyó que no estaba en presencia de una enfermedad que no pueda ser atendida dentro de la prisión.
La Justicia salteña emitió penas de hasta cinco años para cuatro individuos que fueron detenidos con casi ocho kilogramos de marihuana ocultos entre sus pertenencias cuando viajaban en un colectivo que se dirigía desde Tartagal a la capital provincial.
El ex jefe de Gabinete, ex ministro de Justicia y actual interventor del Yacimiento Carbonífero de Río turbio, fue condenado en segunda instancia a indemnizar con 50 mil pesos más intereses a José María Escobar, un dirigente del Partido Obrero a quien acusó en 2008 de haber liderado un sabotaje a trenes de la línea Sarmiento.