El Presidente busca sumar apoyo político a su decisión de avanzar judicialmente contra el titular del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, luego del fallo adverso para el Gobierno nacional por el tema de la coparticipación federal en favor de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de su visita a esas tierras para participar del acto de asunción de Lula da Silva, el Presidente confirmó que impulsará el pedido de juicio político contra Horacio Rosatti para que “se investigue su conducta en el desempeño de sus funciones”.
El ministro del Interior afirmó que el fallo de la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires es “electoralista” y “antifederal”. “Lo que hizo el Gobierno y los gobernadores fue seguir discutiendo la arbitrariedad” de esa cautelar”, dijo.
El bloque radical de la Cámara Baja elevó un pedido de juicio político contra el Presidente tras acusar al Gobierno de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó que se le devuelva a la Ciudad de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación.
Finalmente, el propio Presidente anunció a través de Twitter la marcha atrás de su decisión de que no le abonarían a la Ciudad los fondos coparticipables. El pago, no obstante, será a través de bonos TX31 y abarca el dinero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar.
Desde la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio advirtieron que poner en tela de juicio la Constitución desde la cúspide del poder político no sólo pone en peligro el funcionamiento de las instituciones, sino también la seguridad jurídica y contractual de todos los ciudadanos.
Junto a un grupo de gobernadores afines, el Presidente anunció que presentarán un pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada por el Máximo Tribunal. “Esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento”, sostuvo.
El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, se reunió con los jefes de bloques y con los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores para informarles sobre el acuerdo alcanzado con la Nación por la deuda de coparticipación, y el destino de los fondos para obras de infraestructura.
Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado nacional radical Víctor Romero. Por caso, mencionó que un municipio en la actualidad recibe un 7,6 por ciento de reintegro de IVA, pero que de aprobarse la ley ese monto pasaría a ser del 31,3 por ciento.
En el marco de su informe de gestión ante la Legislatura porteña, el jefe de Gabinete se refirió a la controversia por la quita de fondos de la coparticipación. “¿Mejoró la seguridad en el Conurbano, a donde habían dicho que iban a destinar esos fondos?”, se preguntó.